La diputada abulense Alicia García es la principal impulsora, dentro del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (GPP), de la Proposición no de Ley (PNL) presentada en la Cámara Baja en la que se insta al Gobierno a aprobar medidas urgentes y extraordinarias para personas o familias en situaciones de vulnerabilidad o exclusión como consecuencia de la crisis del coronavirus. Entre otras, solicita la creación de un Fondo Extraordinario no reembolsable que haga frente a la inversión realizada por CC.AA. y Corporaciones Locales para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos sin ingresos.

Según recoge la exposición de motivos de la iniciativa y explica García, «la pandemia causada por la COVID-19 ha generado nuevas situaciones de pobreza, con muchas más personas vulnerables y en exclusión social, que tienen su origen en la pérdida de empleo y los ERTE que ha acarreado el confinamiento decretado por el Gobierno para responder a la pandemia».

«Es una crisis», continúa la parlamentaria del PP, «que ha generado nuevos perfiles de usuarios de los servicios sociales y nuevas demandas. Durante estos meses son millones las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE. Son demasiadas las familias que se han visto sin nada de un día para otro, y han tenido que recurrir a ayudas para alimentarse, acudiendo a los servicios sociales municipales o a las entidades del Tercer Sector, como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos. Las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social han visto cómo se han multiplicado las peticiones de ayuda de urgente necesidad».

En este sentido, García recuerda que «Castilla y León ha destinado a las corporaciones locales un total de nueve millones de euros del Fondo Social Extraordinario para cofinanciar las necesidades sociales generadas por la crisis del COVID-19».

La diputada abulense considera además que «las autonomías necesitan conocer el escenario presupuestario y los porcentajes de déficit y deuda, para la reactivación económica y la recuperación del empleo, así como para proteger a los más vulnerables, mientras el Gobierno debería flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos que tienen superávit puedan destinar ese dinero a pagar los gastos generados por la pandemia, proteger a las personas más vulnerables, e impulsar la creación de empleo».

Sin embargo, Alicia García se muestra decepcionada porque, «hasta ahora, el Gobierno sólo ha anunciado unos recortes tremendos al Tercer Sector y, de los los16.000 millones de euros del Fondo COVID-19, finalmente no se destinará nada a política sociales».

Por todo ello, el Grupo Popular insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:

1. Activar un canal de detección, en colaboración con las comunidades autónomas, de las situaciones nuevas de vulnerabilidad para garantizar una atención inmediata con el fin de dar una respuesta urgente a las necesidades más básicas de vulnerabilidad (personas que han perdido sus apoyos habituales, familias con insuficientes recursos económicos y personas que, por enfermedad u otras circunstancias, no puedan salir de casa).

2. Impulsar medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión como consecuencia de la crisis.
3. Mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios, conectar los servicios sociales con el sistema de empleo y otros servicios que permitan cubrir las necesidades de subsistencia y mejorar su inclusión social y laboral.

4. Aprobar un Fondo Extraordinario no reembolsable, para hacer frente a la inversión realizada por las comunidades autónomas y corporaciones locales, destinado a hacer frente a las necesidades básicas de las personas sin ingresos como consecuencia de la pandemia.

5. Impulsar un Plan de acción para proteger a las personas más vulnerables para para garantizar la inserción laboral y la empleabilidad de aquellas afectadas por la crisis, a través de proyectos de inserción sociolaboral.

6. Facilitar el uso de los remanentes de tesorería y flexibilizar los criterios para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a proteger a las personas más vulnerables como consecuencia de la pandemia COVID-19.

7. Impulsar un Fondo destinado a las entidades del Tercer Sector de Acción Social para afrontar las nuevas necesidades generadas como consecuencia del Covid.

8. Impulsar, en el marco de la Unión Europea, que el Fondo de Ayuda Europea para las personas más vulnerables (FEAD) para el periodo 2021-2027 mantenga el presupuesto asignado para el periodo 2014-2020, más de 3.800 millones, con objeto de incrementar las intervenciones de carácter social y mejorar la atención a los beneficiarios del mismo como consecuencia del coronavirus.