Los senadores del PP por la provincia de Ávila han exigido al secretario de Estado de Medio Ambiente la ampliación de la BRIF del Puerto del Pico para que duplique su capacidad y se convierta, “de una vez por todas en una infraestructura de categoría A”, tal y como los populares vienen reclamando durante toda la Legislatura.

Tal y como ha señalado Sebastián González en su intervención, “hasta la fecha solo conocemos, a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria escrita -formulada por Juan Pablo Martín en 2021-, la intención del Gobierno de que esa transformación se produzca en el año 2023”. Al no tener novedades desde hace casi dos años, “dudamos de que esas intenciones vayan bien encaminadas hacia lo que es un interés prioritario para nuestra provincia”.

Asimismo, González ha apuntado que “la BRIF del Puerto del Pico está coja, a pesar de estar en un lugar estratégico para operar en cualquier punto del territorio nacional y de estar rodeada de enclaves naturales de alto valor que son su área preferente de actuación, como el macizo central de Gredos y los valles del Tormes, del Alberche y del Tiétar, entre otros, donde el riesgo de incendio es elevado y donde incluso se han llegado a producir varios fuegos de manera simultánea”.

Por su parte, la senadora Patricia Rodríguez ha pedido al secretario de Estado detalles sobre la redacción del proyecto que, al parecer, “se ha adjudicado a TRAGSA, así como el inicio de las obras, las partidas presupuestarias a las que se cargarán, y si se han puesto en contacto con la Junta de Castilla y León, propietaria de los terrenos adyacentes”. Rodríguez ha manifestado su “desconfianza”, ya que “lo que no figura en los Presupuestos no existe”.

Los parlamentarios han recordado, para finalizar, el incendio de La Paramera del verano 2021, que calcinó más de 20.000 hectáreas y ocasionó daños cuantiosos en veinte municipios. “Ante esa catástrofe, el Ejecutivo central no ha cumplido las expectativas generadas en materia de ayudas” y ha establecido unos “duros requisitos, después de siete meses para convocar las primeras ayudas, destinadas a administraciones públicas que, además, tienen que aportar la mitad de la cuantía cuando en su mayor parte se trata de ayuntamientos pequeño”. Los senadores han exigido también que “se acuerde de los particulares, agricultores y ganaderos que no han recibido ni un solo euro del Gobierno”.