Los procuradores del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León por Ávila han destacado hoy el carácter estable de la recientemente aprobada Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Red de Protección a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica en Castilla y León, una normativa que incorpora novedades a las medidas existentes y que elimina el carácter coyuntural de unas ayudas que buscan llegar a más personas.

José Manuel Fernández Santiago ha llamado la atención sobre el carácter estable de esta nueva normativa que incluye cuatro principales derechos, entre los 34 recursos que recoge: derecho a un servicio de apoyo integral para familias en riesgo hipotecario de desahucio, protección económica, ayudas para alquiler de vivienda habitual y un servicio de provisión inmediata de alimentos.

Asimismo, se crea la figura del Comisionado de la Red y se incluyen medidas de apoyo fuera de la red, con fondos de solidaridad, planes de inserción sociolaboral y operadores energéticos, entre otros.

Este nuevo modelo, sustentado en derechos, tiene una experiencia previa en Castilla y León, de modo que el año pasado se llegó en la comunidad autónoma a 190.000 personas, con ayudas por valor de 91 millones de euros y la previsión es de llegar a 200.000 personas, con un presupuesto de 207 millones de euros.

En el caso de Ávila, se pudieron acoger a estos recursos 13.000 personas, con una inversión de más de 8 millones de euros.

Con esta red de protección, se posibilitará, además, llegar a más personas y con más rapidez, de modo que se amplía el apoyo y la atención a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y de desamparo personal; así, entre los colectivos a los que se puede llegar, se encuentran las víctimas de violencia de género, los mayores incapacitados y los menores desprotegidos, ha detallado el procurador Vidal Galicia Jaramillo.

En este sentido, el portavoz del Partido Popular de Ávila, David Beltrán, ha destacado el respaldo unánime que ha obtenido en las Cortes regionales esta ley, lo que sitúa a Castilla y León a la cabeza en materia de atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Fruto de los acuerdos del Diálogo Social y de la colaboración con las organizaciones del Tercer Sector, esta red permite dar «una respuesta individualizada, inmediata, integral y profesionalizada», con el fin de procurar la inserción social y laboral de los usuarios.