Los procuradores abulenses del Partido Popular José Manuel Fernández Santiago, Vidal Galicia Jaramillo y María Victoria Moreno, acompañados por el portavoz del PP de Ávila, David Beltrán, han presentado hoy el Proyecto de Ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida profesional, familiar y laboral y la eliminación de la brecha salarial de género, que según ha señalado Fernández Santiago es la «primera ley de esta naturaleza que hay en España», por lo que Castilla y León se convierte en la primera Comunidad Autónoma en España en aprobar una norma de estas características, buscando un nuevo pilar del estado del bienestar.

Los objetivos, como ha apuntado David Beltrán son reforzar la conciliación de personas y familias, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la eliminación de la brecha salarial de género. Para ello se impulsará un conjunto integral de medidas adaptadas a la realidad social y de Castilla y León, con especial atención al medio rural.

Como han explicado los parlamentarios regionales, se hace desde el acuerdo, en el marco del Diálogo Social, entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales. Se materializa a través de 86 medidas, 51 de ellas dirigidas a la conciliación, 23 a la eliminación de la brecha salarial de género y 12 con carácter transversal. La estimación económica con que deberá ser dotada asciende a 121,5 millones de euros.

Entre las medidas que contempla figuran, por ejemplo, ayudas a los progenitores que, para el cuidado de sus hijos, reduzcan su jornada laboral, así como a las empresas, para que puedan contratar personal desempleado para suplir las reducciones de jornada.

Es una Ley adaptada a la realidad de Castilla y León y a su estructura territorial, para lo cual busca el fomento de la natalidad también como elemento de lucha contra la despoblación, impulsando los centros de 0 a 3 años o nuevas formas de cuidados y adaptada a una realidad social actual atendiendo la diversidad de modalidades de familias, dando prioridad a las numerosas y monoparentales, así como a las víctimas de violencia de género, según ha apuntado Fernández Santiago.

La Ley prevé normas de carácter general en colaboración con las entidades locales, para lo cual se aprobarán planes quinquenales.

Se establecen las siguientes medidas:

1. De conciliación en el ámbito público, destacando subvenciones, e incluso cubriendo las restricciones retributivas en casos de reducción de jornada o deducciones fiscales, en casos de descansos por maternidad cedida.
2. En el ámbito educativo como la ampliación de horarios en las aperturas de centros.
3. En el ámbito de los Servicios Sociales y en el ámbito de la innovación desde la racionalización y la utilización de las nuevas tecnologías.
4. De conciliación en el sector privado desde el Diálogo Social, introduciendo en la negociación colectiva aspectos relativos a la conciliación.
5. De eliminación de la brecha salarial de género en el sector público y en el sector privado, implementando las acciones de transparencia, incentivando a aquellas empresas que transformen los contratos a tiempo parcial e indefinido en a tiempo completo de las mujeres.

Para hacer su seguimiento se crean órganos de participación colegiados, compuestos por administraciones públicas y las entidades más representativas que conforman el Diálogo Social de Castilla y León.

De esta manera, Castilla y León vuelve a ser un referente nacional en materia de avances sociales, alejado de toda tentación de búsqueda de imagen sin más y de la propaganda inútil de las medidas socialistas y de la izquierda radical.